La Cámara de diputados de Chile emitió una resolución de rechazo a las recientes acciones del gobierno de Daniel Ortega que incluye la detención de más de 20 líderes de oposición y empresarios acusados de delitos como lavado de dinero y traición a la patria.
Los diputados chilenos exigieron al gobierno nicaragüense su «inmediata liberación, resguardando su integridad física y la de sus familias».
En una segunda resolución solicitaron al presidente de su país Sebastián Piñera que «se manifieste la voluntad del gobierno chileno de otorgar asilo político a las personas que están siendo perseguidas, y sus familias, por el Gobierno de Daniel Ortega, y que la embajada nacional en Nicaragua acoja en sus dependencias a toda persona que solicite asilo político.».
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La cámara de diputados también pide que se tome contacto con los países miembros de la OEA para emitir una declaración conjunta rechazando la actuación del gobierno sandinista, así como requerir a los organismos internacionales que velan «por el resguardo de los Derechos Humanos que puedan verificar el estado de salud de todos las personas detenidas».
Asilo político, la esperanza de los que huyen
En el año 2018, en los momentos más críticos de la crisis sociopolítica del país, más de 100 mil nicaragüenses se exiliaron a diversos países huyendo de la persecución, apresamientos, secuestros y otro tipo de represalias estatales. Principalmente viajaron a Costa Rica, Estados Unidos y España, sin embargo la mayoría de nicaragüenses exiliados no han logrado aún legalizar su estatus migratorio ni conseguir asilo político.
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En Costa Rica, donde se encuentra la mayoría de nicaragüenses exiliados entre 2018 y 2019, los trámites administrativos para resolver las solicitudes de asilo son muy lentas y un número significativo de exiliados decidieron regresar ante la situación de irregularidad y la falta de acceso al trabajo que eso genera.
Chile es el primer país que expresa abiertamente su interés en contemplar la posibilidad de otorgar asilo político a nicaragüenses en condición de riesgo por razones políticas.
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