El observatorio independiente Urnas Abiertas presentó este miércoles el informe «Análisis del Poder Local» que revela los «anillos» del poder que usa el régimen Ortega Murillo para sostener el estado de represión y el control de los municipios de Nicaragua.
Urnas Abiertas indica que la mayor concentración de poder en los municipios nicaragüenses lo ejercen los secretarios políticos del FSLN, seguido de lo que denominan «los súper alcaldes» y posteriormente los jefes o comisionados de la Policía en cada municipio.
«El poder real es ejercido principalmente por los secretarios políticos del FSLN, en algunas ocasiones son los mismos alcaldes, en otras esta figura ostenta más poder que las autoridades municipales», cita el informe.
Para Ivania Álvarez, quien forma parte del observatorio independiente, esta estructura forma parte del «anillo de poder» que ejecuta el régimen Ortega Murillo para mantener el control de las municipalidades en el país.
«Una serie de personajes que están a cargo de la represión y donde ya se empieza a ver una claridad dentro del territorio de que ellos son parte de ese anillo de poder desde que está reconocido desde el centro, desde la propia dictadura», dijo Álvarez.
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Los secretarios políticos y el poder de los Ortega-Murillo
El informe de Urnas Abiertas indica que el mayor control ejercido en las municipalidades son los secretarios políticos que, incluso desplazan a algunos alcaldes de los municipios, dejándolos a un lado y usándolos únicamente como «figura decorativa» para los eventos y actividades partidarias.
«Existen autoridades municipales que no ejercen de ninguna forma su poder porque han sido designadas de manera simbólica, en muchas ocasiones se debe al hecho de que algunos ex funcionarios municipales de filiación sandinista (alcaldes, vicealcaldes y concejales) tienen poca aceptación ciudadana y necesitan de esas figuras decorativas para aparentar democracia», revela el informe.
De tal modo, que en esta parte es donde juega el papel de poder de los secretarios políticos que, «además de concentrar poder y ejercerlo de manera autoritaria, se benefician y promueven la corrupción local a través de nepotismo y tráfico de influencias principalmente».
El informe también muestra que, en muchas de las ocasiones, los secretarios políticos del FSLN «no son originarios del territorio, son personas procedentes de otras localidades, pero han sido designadas porque cuentan con la confianza de operadores con mayor rango».
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Los «super alcaldes» sandinistas
El informe detalla el trabajo de los alcaldes de algunos municipios que se encargan del financiamiento de estructuras parapoliciales o grupos de choques que ejercen presión en las municipalidades para instaurar un poder de facto y mantener su posición como alcaldes.
«Las figuras de mayor poder local están a cargo del andamiaje represivo en los territorios. La población señala que desde las alcaldías se financió a grupos paramilitares y fuerzas de choque en 2018, algunos se encuentran activos en la actualidad», revela el informe.
En algunos de los departamentos que conforman el país, se ha creado una figura de «súper alcaldes» que son los encargados de dirigir todo el andamiaje político a nivel departamental, los que reciben las órdenes de la dictadura sandinista y los que las distribuyen a los demás municipios, además de ejercer el poder absoluto en algunas municipalidades, incluso pasando por encima de las estructuras de las alcaldías.
«En algunos departamentos existe la figura del “súper alcalde”, que es el alcalde de la cabecera departamental, pero mueve las cuerdas del poder en todo el departamento, es decir que en municipios más pequeños toma decisiones por encima de sus propias autoridades locales», subraya.
El papel represivo de la policía en los municipios
Para mantener el control de las municipalidades, el régimen sandinista optó por un sistema represivo donde son estructuras como la Policía Nacional quienes se encargan de mantener el control dentro de las localidades, indica Urnas Abiertas.
«En el tema de la Policía, toma un papel bien determinante con la represión del 2018. Empiezan a salir figuras que antes, si bien, estaban dentro del municipio o de la comunidad, no tenían un papel relevante», indicó Álvarez.
Otro de los puntos predominantes en el informe es la «premiación» con el poder que hace el régimen sandinista a las estructuras de la Policía Nacional que ejercen represión en los municipios, como es el caso del comisionado Ramón Avellán en el 2018 durante el estallido social de abril en Masaya, Fidel Domínguez, en León y Juan Valle Valle, en Managua.
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«(La Policía) está presta para la logística de la represión, lo que quiere decir que se planean o se hacen planes mensuales dentro de esa estructura policial para reprimir a la población y esto incluye allanamientos, secuestros exprés o traslados desde la frontera hasta El Chipote (Auxilio Judicial en Managua). Toda esta logística al estar a cargo de ellos representa un gran temor para la población», indicó Álvarez.
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