En al menos 24 contratos de las instituciones públicas firmados durante este año, se le ha inyectado al Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), la suma millonaria de C$52,540,299.85.
El concepto es para beneficiar a sus funcionarios públicos y hasta tres miembros de sus familias en concepto de “seguro de vida” y “fidelidad comprensiva”, según documentos oficiales en poder de Nicaragua Investiga.
Esta empresa aseguradora es dirigida por Eduardo Halleslevens Acevedo, hermano del ministro delegado de la presidencia para asuntos específicos, Moisés Omar Halleslevens Acevedo (vicepresidente de Daniel Ortega 2012-2017); es el único hombre que gana los contratos millonarios de las instituciones públicas, donde se registran montos que superan los 30 millones de córdobas.
Los expertos indican que con estas “pólizas de seguros” solo se benefician altos funcionarios que tienen un ingreso mayor que el resto, y que hay una competencia desleal en estas licitaciones al no permitir la participación de otras aseguradoras.
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MINED pagó en seguro de vida más de C$33 millones
El Ministerio de Educación (MINED) fue una de las entidades públicas que pagó una suma millonaria que osciló los C$33,944,898.05; en concepto de “póliza de seguro de vida” para sus funcionarios.
Este contrato fue firmado el 3 de septiembre de este año por Miriam Soledad Raudez Rodríguez; ministra de educación. “La compañía aseguradora se compromete a capacitar dos veces al año al personal designado para el manejo de estas pólizas en Managua, sede central y en las delegaciones departamentales y regionales”, dice parte del documento.
A pesar que el seguro de vida cubre a 63,807 trabajadores del Ministerio de Educación, varios docentes consultados por este medio de comunicación aseguran que no están informados y desconocen sobre esta póliza que se adquirió con INISER.
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Un docente explicó que hace 16 años le entregan un documento anual para que sea llenado con sus datos personales, pero desconoce qué beneficios le otorgan. “Solo nos dicen que llenemos esa hoja y que pongamos los beneficiarios para rectificar”, refirió la fuente y agregó: “al menos a mí me cobran INSS e impuesto sobre la renta y sindicato”.
El MINED usó Recursos del Tesoro para pagar esta póliza de seguro que cubre los 4,000 dólares en caso que un trabajador fallezca por cualquier causa.
Eduardo Halleslevens, presidente ejecutivo de INISER.
SIBOIF pagó seguro de vida a su funcionarios y familiares
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) solicitó una “contratación de pólizas de seguro colectivo de vida, accidentes personales y gastos funerarios” que fue pagado con dinero de los nicaragüenses cuyo monto ascendió los 1.514 millones de córdobas.
En esta póliza de seguro figuran 19 funcionarios públicos que incluyeron como dependientes a sus esposas, esposos, hermanos, hijos y padres. “Las pólizas se encuentran exentas y tiene como objetivo beneficiar a todo el personal de la Superintendencia, que los guarde ante cualquier eventualidad relacionada con fallecimientos y accidentes personales”, dice parte del contrato.
Aurora Ninoska Chávez Hernández, quien aparece en el listado del personal de la SIBOIF, incluyó como dependiente de su seguro a sus tres hijos. De igual forma, Marvin Saúl Castellón Torrez benefició a su “cónyuge a Yadira del Socorro Alemán Conrado.
María Naima Madriz Fong, quien es asesora legal de la Superintendencia de Bancos, benefició con su seguro de vida a su esposo y sus padres. Asimismo, la funcionaria María José Torres Larios se lo otorgó a sus dos hermanos y su madre.
En el listado solamente resalta que los funcionarios Roberto José Anduray López y Dulce María Salomón Somarriba “no tienen dependientes reportados”.
Un excontralor nicaragüense consultado por este medio dijo que estos privilegios deben de cesar en el Estado, porque es una cantidad grande de dinero que no beneficia a todo el sector público.
“Beneficia a un sector muy particular que tiene niveles altos y tienen un ingreso mucho mejor que el resto de los funcionarios públicos”, señaló.
Ver aquí lista de los funcionarios de la SIBOIF
«Se debe iniciar una investigación»
El excontralor manifestó que este tema debe ser abordado por la Asamblea Nacional, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, para iniciar una investigación minuciosa sobre el desfalco de dinero público.
Explicó que estas tres instituciones tienen la facultad para operar y así determinar una cantidad de dinero mínima para cubrir con un doble seguro a funcionarios, y que el resto de los fondos públicos deben dirigirse para atender otras necesidades en salud, educación e infraestructura en servicios públicos.
“La Contraloría tiene un área especial para controlar el debido proceso en las contrataciones que hace el Estado. También tiene esta área el Ministerio de Hacienda que es la Dirección General de Contrataciones del Estado”, insistió el excontralor.
La institución «fiscalizadora» se recetó su seguro
Sin embargo, la CGR también está en la lista de las entidades gubernamentales que se recetó pólizas de seguros cortísimos para sus altos funcionarios. En tres contratos diferentes le entregó a la empresa del hermano del general en retiro aproximadamente C$3,372,508.24.
En uno de estos contratos de pólizas de seguro hasta figura María Dolores Alemán Cardenal, hija del expresidente Arnoldo Alemán. Ella es una alta funcionaria de la CGR; pero nunca se ha conocido una investigación de su parte por los actos de corrupción que han sido señalado el gobierno del presidente Daniel Ortega.
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Incluso, la CGR mantiene un silencio rotundo sobre los señalamientos que ha hecho Estados Unidos a los funcionarios nicaragüenses, empresas estatales o instituciones como la Policía Nacional, implicadas en actos de corrupción, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos, los cuales por oficio está obligada a investigar y desmentir.
Competencia desleal en beneficio a familiares de funcionarios
Especialistas en contrataciones públicas han explicado que dentro de estas licitaciones existe una competencia empresarial desleal en Nicaragua; precisamente por contratar solamente una empresa que tiene vínculos con algún alto funcionario público.
Y uno de los principios de integridad de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737), indica que las contrataciones administrativas deben caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia, imparcialidad y probidad.
“El sector público y proveedores deben observar normas éticas y evitar prácticas corruptas y fraudulentas en los procesos de contratación administrativa”, dice un párrafo del artículo 8 de la misma Ley.
Nicaragua Investiga
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