Víctimas de la represión gubernamental en Nicaragua y miembros de la sociedad civil demandaron a la comunidad internacional continuar presionando al régimen de Daniel Ortega para que cese la persecución contra la Iglesia católica, la más «cruel» en la historia nicaragüense, y respete el derecho al culto.
La demanda fue hecha el jueves durante el foro denominado «Libertad religiosa bajo ataque: una verdad perseguida«, organizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más; un evento paralelo al 78º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en el que participaron sacerdotes, excarcelados políticos y defensores de derechos humanos de Nicaragua y Venezuela.
Los creyentes «no merecen lo que le están haciendo»
El padre Carlos Zeledón Montenegro, sacerdote exiliado y desnacionalizado, quien era párroco de San Dionisio, Matagalpa, expresó que «esta persecución es la más cruel y fuerte que Nicaragua ha tenido«.
«Nicaragua es un pueblo creyente, un pueblo humilde que no se merece lo que se le está haciendo. Y que en medio de la incertidumbre que vive, no deja de orar. La gente ora y llora al ver a su pastor preso, monseñor Rolando Álvarez. Más de 80 sacerdotes exiliados esperamos nuestro retorno», manifestó.
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GAFI no debe «premiar» a Ortega
Tanto el periodista y excarcelado político Miguel Mora como la defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina demandaron al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no continuar «premiando» al régimen de Ortega e incluirlo nuevamente a su «lista gris».
El exaspirante presidencial explicó que actualmente hay una acusación contra la Iglesia católica por el presunto delito de lavado de dinero, a través de la aplicación abusiva de las leyes contra ese flagelo.
En Nicaragua hay una «guerra a muerte contra la Iglesia. El culto de este gobierno es de carácter satánico. La vicepresidenta (Rosario Murillo) profesa una religión no cristiana. Nicaragua es el caso más grave de persecución, incluso de Cuba y Venezuela», añadió.
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Martha Patricia Molina dijo al respecto que «es tan cruel que mandaron a quemar a una familia cristiana evangélica», en referencia a la familia asesinada en el barrio Carlos Marx, en Managua.
«El GAFI está premiando a la dictadura de Nicaragua al haberla excluido de la lista gris siendo un país que ocupa las leyes de antivalado no para perseguir a los delincuentes, sino a instituciones académicas y religiosas», acotó.
«La Iglesia es una amenaza a un proyecto autoritario»
El defensor de derechos humanos Pablo Abrão, quien visitó el país en el 2018 en su calidad de secretario ejecutivo de la CIDH en ese entonces, explicó que el fenómeno de la persecución religiosa en el país tiene tres niveles.
Para empezar «la dictadura en Nicaragua tiene como proyecto político el totalitarismo», por tanto, «la Iglesia en sí misma es una amenaza a un proyecto autoritario porque este requiere la fragilización de las instituciones que piensan por sí misma, que tienen estructura y jerarquía propia e independencia».
Un segundo nivel es el rol que cumplió la Iglesia católica en Nicaragua en medio de la crisis a partir de abril de 2018, tanto por su posición independiente en la mesa de diálogo como por la protección que brindó a los manifestantes, «en el marco de su doctrina cristiana de acoger a las personas que están en un ambiente de injusticia, sufriendo persecución».
Y un tercer nivel es la misión clara de algunos líderes religiosos en «ofrecer su voz a aquellos que no tienen para expresar indignación».
Comunidad internacional debe acompañar en el proceso
Ante esta situación, el desterrado político Sergio Cárdenas, excamarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, instó al mundo a crear un programa de ayuda internacional enfocado en la persecución religiosa. Cárdenas, quien brindó su testimonio, urgió que se forme un grupo de expertos en la libertad de culto que se encargue de determinar «qué se puede hacer y actuar de manera directa, sin tantas resoluciones, que no quede en papel».
El abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, advirtió, por su parte, que la dictadura «es cruel y está imponiendo su mal ejemplo en la región«, por lo que demandó a la comunidad internacional a usar los mecanismos que tienen a su disposición para presionar al régimen y brindar acompañamiento para procesar judicialmente a los perpetradores de crímenes.
Ronnie Boquier, coordinador de asistencia jurídica del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) de Venezuela, pidió al mundo que «siga hablando de manera clara«.
Además, recordó que existen informes de distintas organizaciones internacionales que dan una hoja de ruta para retroceder la represión, por lo cual, «hay que seguir insistiendo en que estos Estados no están cumpliendo las recomendaciones. La comunidad internacional tiene un peso importante sobre estos regímenes autoritarios».
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