Angustiada e impotente se siente Ligia García Medina, de 28 años, en una humilde vivienda del municipio de Ciudad Sandino, ya que su expareja -de quién prefirió reservarse el nombre- desde hace tres meses se niega a dar alimentos a su hija, de dos años, por lo que asegura que tomará medidas legales para obligarlo a cumplir con su responsabilidad.
Y es que el caso de Ligia, en el primer semestre de 2021 lo han enfrentado y llevado a los tribunales de justicia del municipio de Managua un total de 1,011 personas (mujeres y hombres), 272 casos más que el mismo período del 2020, según información obtenida por NICARAGUA INVESTIGA.
“Fijate que él (la expareja) a veces cumple, pero en otras no, cuando quiere estar conmigo y yo no quiero, entonces él deja de darme dinero para la niña, ya lleva tres meses sin darme nada. El problema es que no he encontrado trabajo y nos hemos mantenido de la ayuda de mi familia, pero voy a demandarlo en los juzgados para que lo hagan cumplir”, advirtió García.
Este lunes en el programa “Una hora con la justicia”, un espacio del Poder Judicial trasmitido en una radio local, el juez del Juzgado Cuarto de Distrito de Familia de Managua, José Ramón Barberena Ramírez, aseguró que las parejas desquitan sus resentimientos haciendo con las resoluciones judiciales “lo que les da la gana”.
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Los casos corresponden principalmente a mujeres que exigen que su expareja cumpla con sus obligaciones con sus hijos menores de edad; personas de la tercera edad que solicitan pensión alimenticia a sus hijos; solicitudes de modificación o reforma de la prestación alimentaria cuando el demandado considera que el monto que le impuso pagar el judicial es muy alto; peticiones de cesación de la prestación alimentaria cuando el demandado considera que su hijo ya ha cumplido la mayoría de edad o no reúne las condiciones necesarias para seguir recibiendo el beneficio y solicitudes de supervisión de la pensión alimentaria. Esta última es solicitada por el dador del beneficio cuando cree que su contraparte no está haciendo un uso correcto del dinero recibido.
El proceso
El abogado Deykert Johanez, experto en casos de familia, explicó que el primer paso entre las parejas o personas del conflicto es llegar a acuerdo extrajudicial. De no lograrlo, entonces pueden acudir a un abogado y firmar un compromiso de pago de pensión alimenticia.
“Si el acuerdo que se hizo ante el abogado es incumplido por una de las partes, entonces se puede recurrir a interponer la demanda ante los Juzgados de Familia y en el caso que una de las partes no tenga abogado recibirá el apoyo legal de un defensor público. Luego hay una audiencia inicial en la que se pretende llegar a un acuerdo entre las partes”, explicó Johanez.
Si en dicha audiencia no se logra un acuerdo, el judicial cita a las partes a la realización de una audiencia de vista (similar a la audiencia de juicio en el ámbito penal) en la que el judicial emite un fallo. “Este proceso está demorando ahora alrededor de dos meses por la pandemia, pero antes de la pandemia duraba alrededor de un mes, era más rápido, pero considero que las herramientas que tiene sistema de justicia son suficientes para hacer que una persona asuma sus obligaciones y si el demandado incumple con la pensión alimenticia se le puede aplicar un apremio corporal que implica su detención y la pérdida de libertad”, indicó Johanez.
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Demandas judiciales
La directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) y conductora del espacio radial antes mencionado, María Amanda Castellón, planteó que debería haber más opciones de conciliación para evitar la judicialización de los conflictos de familia y propiciar que las partes se entiendan, escuchando, dialogando y consensuando una solución entre sí, previo a un proceso de ejecución. Al respecto, el juez Barberena indicó que aún en un juicio de ejecución, en el Tribunal de Familia se puede conciliar con tal de favorecer soluciones pacíficas a los conflictos.
El juez Barberena apuntó que en el Tribunal de Familia se ejecutan títulos judiciales (sentencias emitidas por autoridades judiciales) así como títulos no judiciales, es decir, acuerdos suscritos ante notarios ratificados en sedes administrativas y judiciales y conciliaciones en el Ministerio de la Familia, que prestan mérito ejecutivo.
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“Cuando se tramita la ejecución de un título no judicial, el sistema Nicarao sortea la asignación de la judicatura que la conocerá y la clasifica como demanda. Cuando se trata de títulos judiciales se le llama solicitud. Barberena explicó que las demandas de ejecuciones de sentencia radicadas en una sede penal como los juzgados de Violencia, son para averiguar un delito como el incumplimiento de deberes alimentarios, en el que el punto de referencia es el acuerdo no cumplido o la sentencia dictada”, indica una nota de prensa del Poder Judicial sobre el tema.
Cabe señalar que los funcionarios del Poder Judicial, desde 2018, no brindan entrevistas a periodistas de medios de comunicación independientes y de esta manera se sumó a la censura informativa orquestada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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