La Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local presentó este miércoles 25 de octubre un informe titulado “Los municipios nicaragüenses: Entre la subordinación política y el rechazo ciudadano”, en donde se aborda la percepción de la población del desempeño de los gobiernos locales nombrados en 2022, en los primeros seis meses de gestión.
Silvio Prado, sociólogo municipalista, investigador, académico de Red Local y coautor de esta investigación, explicó en rueda de prensa que el objetivo de este estudio fue, mediante 62 entrevistas en 19 municipios, conocer las condiciones de destrucción del espacio cívico y democrático en que se encuentran estas ciudades.
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Prado detalló que las decisiones importantes se toman primero en el gobierno central y luego se siguen esas instrucciones en los municipios. “No se mueve una hoja en el municipio sin que no se decida en Managua”, remarcó.
Luego de estas decisiones, existe un control del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). El control político lo tienen los secretarios políticos. Es decir, no hay un espacio en la ciudadanía para participar en las decisiones públicas; en cambio, se han convertido en una especie de “figurante” para ser invitados de “piedras” en fiestas patronales, inauguración de obras municipales, entre otros.
Gobiernos que no gobiernan
Prado indicó que la ciudadanía tiene mucho temor en expresar públicamente sus quejas a las autoridades municipales por temor de ser tachados como opositores y sufrir represalias políticas.
“El análisis de quién y cómo se priorizan las necesidades locales, retrata unos gobiernos que no gobiernan y una ciudadanía expulsada del espacio público, obligada a “no meterse en nada” para evitar posibles represalias”, zanjó el académico.
El estudio define que este sometimiento político ha sido incapaz de prestar de manera eficiente cuatro servicios municipales valorados: agua potable, construcción y mantenimiento de calles y caminos, recolección y tratamiento de la basura, y protección del medioambiente.
En cambio, en las municipalidades hay una red de corruptela para saquear los recursos públicos mediante la asignación de contratos por razones políticas y otros que son asignados a familiares de funcionarios de las alcaldías.
“Los proyectos grandes se asignan a las empresas grandes que son elegidas en Managua, las minucias se las quedan las empresas pequeñas”, dijo Prado.
Por otro lado, el informe también da cuenta sobre la opinión ciudadana del cierre arbitrario de las organizaciones sin fines de lucro, que actuaban como red de protección social ante las inequidades de las políticas no inclusivas del Estado y del mercado. La zona rural y la Costa Caribe son las más afectadas por estos cierres, donde el impacto es mayor por la ausencia histórica del Estado.
El informe sobre la libertad de asociación
Red Local también presentó otro el estudio titulado “Actualización del Informe sobre Libertad de Asociación en Nicaragua para el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU)”, en el que se aborda entre otras cosas, una lista de las oenegés que han sido ilegalizadas en el país.
El estudio recoge que, del total de los organismos cancelados desde 2018 a la fecha, se calcula que puede haber más del 50 por ciento que estaban inactivas, que fueron inscritas y pasaron años sin funcionar, pero nunca fueron supervisadas por el Ministerio de Gobernación (Migob) para actualizar sus registros.
“En cuanto a la inscripción de la organización como Agentes Extranjeros, el Migob obstaculiza constantemente este proceso, ya que, al no aceptar la documentación presentada, no contaban con la certificación necesaria para registrarse como tales”, dice una parte del informe.
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El 27 por ciento de las organizaciones entrevistadas no hicieron este registro porque no recibían financiamiento ni apoyo del exterior, pese a lo cual también les aplicaron esta ley al momento del cierre. Solo dos organizaciones de las entrevistadas estaban debidamente registradas como Agentes Extranjeros, lo cual no impidió que de manera arbitraria les quitaran también su personería jurídica.
Una organización entrevistada expresó que los siguiente: “Según el Migob nos cerró por falta de presentación de informe financiero. La organización tenía al día toda su información financiera y las constancias de cumplimiento al día, el cierre ha sido una violación al derecho de asociación, igualmente al derecho al empleo, además que ha dejado sin beneficios a población rural”. Esta organización también estaba inscrita como Agente Extranjero.
El estudio recoge que se han cancelado al menos 3,405 organizaciones sin fines de lucro. “Si se incluye a los partidos políticos, medios de comunicación, cooperativas y micro financieras, la cifra asciende a 3,472 organizaciones canceladas”, resaltan.
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