El Ministerio de Salud dio por inaugurado este viernes 19 de marzo un nuevo Centro Familiar y Comunitario con el nombre «Elena del Carmen Lau», en el edificio que pertenecía a la organización no gubernamental Popol Na, ubicado en Managua.
En la entrada del inmueble instalaron un rótulo con el rostro Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, en el edificio fue pintado de color «rosado chicha», que son los colores que utiliza el gobierno sandinista para su propaganda política.
En la entrada del inmueble instalaron un rótulo con el rostro Daniel Ortega y Rosario Murillo en clara alusión a los gobernantes de este país | Foto: Nicaragua Investiga
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Presidenta de Popol Na: «La confiscación es ilegal»
«Nosotros hemos afirmado que Popol Na era una organización centrada en apoyar los derechos humanos, los derechos a la naturaleza. Fue espacio para refugiar a madres de caídos y madres de los presos políticos para reuniones campesinas y alojar a la gente que venía de los territorios», dijo Mónica Baltodano, presidenta de Popol Na, a Nicaragua Investiga.
«Lo que están ocupando son espacios supuestamente en acciones de carácter social. Nosotros estamos completamente seguro que no es verdad, de que es una pura pantalla», declaró.
Baltodano dijo que la confiscación es ilegal e inconstitucional por lo que van a seguir recurriendo a todos los mecanismos internacionales para reclamar justicia. «Estamos completamente seguros que los bienes van a volver a la fundación», señaló.
Por otra parte la excomandante guerrillera aseguró que la inauguración de este Centro Familiar no «van a detener nuestra decisión de seguir luchando hasta que podamos erradicar a la dictadura y podamos erradicar la injusticia».
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Baltodano interpuso el 30 de enero de 2019 un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la cancelación de la personería jurídica de su organismo. La instancia, dominada por el funcionarios sandinista, admitió el recurso.
Los edificios confiscados de Confidencial, 100% Noticias, el Cenidh e Ipade fueron adjudicados al Minsa, sin ningún fallo legal de la Corte de Suprema de Justicia.
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