Cristiana Chamorro aún no está inhibida, aclara exfuncionario judicial

El comunicado del Ministerio Público no ordena, sino que "solicita" medidas precautelares que solo un juez puede imponer bajo sentencia firme, aclara experto.

El exfuncionario judicial Yader Morazán, explicó a través de su cuenta oficial de Twitter que Cristiana Chamorro, aún no está inhibida de participar en las elecciones de noviembre y tampoco tiene restricciones de movilidad, porque en el comunicado del Ministerio Público apenas se hizo la solicitud para establecer estas prohibiciones a la precandidata presidencial, pero esta institución debe esperar a que un juez así lo ordene porque «la fiscalía no tiene facultades para imponer medidas precautelares».

Morazán considera que lo que hace el gobierno con un comunicado como este, que sale de las facultades del Ministerio Público es «medir nuestra reacción por algo que desea y a lo que le teme», y en tal caso, también señala que aunque esta institución recomiende estas medidas precautelares contra Chamorro, es la juez a cargo la que deberá decidir si las ordena o no.

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El exfuncionario judicial también indicó que suspender sus derechos civiles y políticos a una persona «solo se hace a través de sentencia firme, que no admita recurro alguno, pasado por juez de primera instancia, tribunal de segunda instancia y concluir en la suprema Corte, para ese tiempo, Ortega ya ni estará en el poder»., manifestó.

En tanto Cristiana Chamorro también se pronunció en su cuenta de Twitter con un breve mensaje en el que expresó: «No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república».

Precandidatos respaldan a Chamorro

Varios precandidatos presidenciales se pronunciaron en contra de la solicitud del Ministerio Público. Félix Maradiaga aseguró que la acción del gobierno de Daniel Ortega «nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre. La acción arbitraria del régimen, amerita el más amplio repudio nacional e internacional».

«Otra absurdidad legal de la dictadura pretender inhibir a Cristiana. Sólo puede inhibirse a un candidato en caso de sentencia firme y aquí ni siquiera hay un proceso», dijo Juan Sebastián Chamorro.

Entre tanto Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino escribió;  «Lamento y me solidarizo con Cristiana Chamorro por la inhibición a un cargo público, impuesta por el régimen sandinista. Denunciamos este atropello a sus derechos fundamentales. El fraude electoral ya esta en marcha y por ello, reitero una vez más, la importancia de permanecer unidos».

¿ACxL dejará inscribirse a Cristiana?

Arturo Cruz por su parte aseguró que la Alianza Ciudadana seguirá su proceso de inscripción de precandidatos «Nosotros seguiremos adelante, no nos vamos a guiar por legalidades espurias. Cristiana debe seguir en su proceso de inscripción en Alianza Ciudadana, así también los demás precandidatos. Vamos a cerrar filas, que el futuro del país está en juego», escribió el precandidato en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, los medios de comunicación fuimos informados que este miércoles esa agrupación política suspendió todas las citas programadas para este 2 de junio entre el Comité de Enlace y aspirantes presidenciales y oficialmente ACxL no ha expresado si permitirá que Cristiana Chamorro se inscriba a pesar del proceso judicial que estableció el gobierno en su contra.

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Este 1 de junio, apenas unas horas antes de que el Ministerio Público emitiera el comunicado solicitando su inhibición, Cristiana Chamorro había entregado su carta de intención a la Alianza Ciudadanos por la Libertad para ser inscrita como precandidata y someterse al proceso de selección junto a otros cuatro aspirantes ya formalmente inscritos en ese bloque de oposición y se esperaba que hoy y mañana concluyera el proceso de aprobación de los nuevos solicitantes.

El caso de Cristiana Chamorro pasó a la orden de la juez Karen Chavarría Morales el 1 de junio de 2021, a las 6:20 de la tarde, a pesar que la Oficina de Recepción y Distribución de causas cierra a las 5 de la tarde. Se le acusa de los delitos de «gestión abusiva y falsedad ideológica, todos bajo el concurso de lavado de dinero, bienes y activos».

 

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