El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, fue el encargado de inaugurar este lunes 20 de febrero, la cuarta casa de cultura y creatividad “Alejandro Cuadra”, en las instalaciones de lo que antes de la confiscación, pretenecieran al grupo feminista La Corriente.
María Teresa Blandón, de la organización feminista La Corriente, lamenta que el Estado tenga que recurrir “a la confiscación para montar un centro de danza” y aunque expone que la actividad que pretenden realizar en las instalaciones, le parece importante, alega que el régimen “no necesitaba confiscarnos porque tiene recursos para hacerlo y ha tenido 16 años en el poder como para hacerlo”.
“Es como un acto muy cínico despojar a varias organizaciones, porque somos más de 140 organizaciones de mujeres y feministas que hemos sido despojadas de nuestras personerías jurídicas y de los bienes que utilizábamos para fines que tienen que ver con los derechos humanos, de las mujeres, de las juventudes, de los grupos de la diversidad sexual”, expone Blandón.
El régimen de Ortega informó que en la casa de cultura se impartirán clases teóricas y prácticas de danza para niños y niñas a partir de los 9 años de edad, adolescentes, jóvenes y adultos. Dichas actividades no tendrán ningún costo monetario directo para aquellos que las reciban. Sin embargo, habría que esperar qué tan aceptado es por la población, pues no es la primera vez que se abre un centro estatal en las propiedades confiscadas y meses después permanecen sin uso, como ha pasado con las instalaciones de 100 % Noticias y Confidencial.
Propiedad “no le pertenece al Estado”
Ante las confiscaciones a sus propiedades, varias organizaciones no gubernamentales a las que se les canceló su personalidad jurídica, así como dueños de propiedades privadas que les fueron arrebatadas, han denunciado públicamente las arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega.
En este sentido, María Teresa Blandón dijo a Nicaragua Investiga, que el inmueble donde ahora funcionará una casa de cultura, “no le pertenece al Estado” y que la confiscación “carece de toda legalidad”.
Resaltó que con las cancelaciones de personería jurídica y confiscaciones a las organizaciones no gubernamentales, el régimen de Ortega está cerrando completamente el espacio cívico y con ello “le está negando a la ciudadanía su derecho a organizarse, a participar en el espacio público de manera autónoma sin ser tutelados, controlados o incluso amenazados por el Estado”.
“En un país tan pobre como el nuestro, con tanta violencia, con tanta desigualdad, tiene a los ciudadanos y a las ciudadanas con las manos amarradas y eso es muy grave para la vida cotidiana en general y para la vida de la democracia”, concluyó.
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