El organismo Voces del Sur en su más reciente informe destaca que “el gobierno de Nicaragua realizó amenazas directas de cierre definitivo en contra de 3 medios de comunicación tradicionales, obligándoles a sacar de sus agendas noticiosas los temas políticos”.
Según el informe, a consecuencia de esto, “2 medios de comunicación de gran alcance excluyeron los temas políticos de sus agendas, mientras que 1 de ellos lo está haciendo de forma gradual”.
En el documento de Violaciones a la Libertad de Prensa que corresponde a datos recopilados en junio de este 2022, el organismo señala la grave preocupación ante las acciones restrictivas del gobierno de Nicaragua en contra de la prensa independiente, incluida la negativa de coberturas de accidentes de tránsito.
Policía niega cobertura hasta a accidentes de tránsito
En este sentido, el informe ejemplifica dos incidentes que le ocurrieron al corresponsal de una canal de televisión nacional al momento de dar cobertura a una supuesta incautación millonaria de dólares y luego intentando grabar imágenes sobre un accidente de tránsito.
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“En pleno siglo XXI es inconcebible que en Nicaragua las coberturas de accidentes de tránsito sean censuradas”, enfatiza Voces del Sur, que además documentó 67 casos de violaciones a la libertad de prensa.
Medios de comunicación allanados y sacados del aire
El organismo también remarcó el allanamiento a las instalaciones de Trinchera de la Noticia, así como la obligación a las cableras de sacar del aire, por órdenes de Telcor, a los medios católicos TV Merced, de la Diócesis de Matagalpa y Canal Católico San José, de la Diócesis de Estelí.
En el documento se denuncia que dos periodistas fueron impedidos de salir del país por órdenes de la dictadura a través de la Dirección de Migración y Extranjería. A uno de ellos las autoridades le confiscaron el pasaporte.
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El otro caso es el de la periodista nicaragüense Tifani Roberts, quien hizo pública la denuncia de la negación al derecho de entrar a su país a visitar a sus familiares.
“Lamentamos el aumento de los exilios forzados y demandamos al Estado salvaguardar la integridad de quienes se mantienen en el país realizando periodismo valiente, ético y humano”, indica el informe.
El organismo destaca la gran responsabilidad que tienen los medios digitales de continuar informando sobre este ámbito, especialmente en el contexto de votaciones municipales que se avecina y que desde ya está presentando decenas de arbitrariedades.
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