La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas Michelle Bachelet, presentó este 22 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, que considera se «ha agudizado de manera alarmante», tras una ola de detenciones «bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria», que según dijo «fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales».
Los más de 18 arrestos que ha ejecutado el poder judicial citando la Ley 1055, Ley de Soberanía, así como el caso por lavado de dinero y refiriendo la Ley de Agentes Extranjeros en contra de Cristiana Chamorro fue especialmente preocupante para Bachelet, pues recordó que: «Mi oficina y varios mecanismos especiales de este Consejo ya habían advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, como en efecto está ocurriendo».
Elecciones en riesgo
Bachelet indicó que las reformas electorales aprobadas en Nicaragua el pasado 4 de mayo, no garantizan la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política.
Cuestionó también la decisión del Consejo Supremo Electoral de disolver la personalidad jurídica de dos partidos políticos, ya que considera que «estas son decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad».
El pasado mes de mayo el Poder Electoral canceló las personerías jurídicas del Partido de Restauración Democrática PRD y del Partido Conservador y dejó con ello sin posibilidad de participar en las elecciones a la Coalición Nacional, que ahora tiene bajo arresto a muchos de sus dirigentes más importantes incluidos Violeta Granera, Támara Dávila, José Pallais y el precandidato presidencial Félix Maradiaga.
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Hostigamiento y persecución es grave
El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos también asegura que sigue documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional. «Ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de protestar en espacio públicos, violando así su derecho a la libertad de expresión, asociación y a la reunión pacífica», destaca el documento.
Además Bachelet revela que el gobierno de Daniel Ortega no contesta las comunicaciones de su oficina para conocer sobre la reacción del gobierno, y destaca que casi todas las recomendaciones que han hecho en el pasado han sido desatendidas, por lo que exige una posición más fuerte del organismo.
«Conforme a lo establecido en su última resolución, hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ello incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018», indicó Bachelet, que también pidió de manera «urgente» que se autorice el regreso de su oficina a Nicaragua, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país.
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