El gobierno de Gustavo Petro expresó este sábado su preocupación ante el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), cuyos bienes fueron confiscados de manera arbitraria por el régimen de Nicaragua.
«Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA que, bajo la administración de la Compañía de Jesús, es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua», añade el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
El país sudamericano también enfatizó que «condena con vehemencia» todas las acciones que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión.
Colombia es el primer gobierno de Latinoamérica con postura oficial sobre la confiscación de facto contra la universidad jesuita.
Este sábado, el Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó con sanciones contra 100 funcionarios municipales de Ortega señalados de haber participado en los esfuerzos por cerrar espacios cívicos como el de la universidad jesuita.
El «robo» a la UCA se consumó el viernes, 18 de agosto, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica de la reconocida institución académica para tomarse su campus donde instaló la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
La jueza sandinista Gloria María Saavedra, exalumna de la UCA, fue la encargada de girar oficio a esa alma mater acusándola de «funcionar como un centro de terrorismo para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales», y ordenó la confiscación de sus bienes y dinero en las cuentas bancarias. Las propiedades pasaron a manos del Estado.
La UCA era una voz crítica e independiente en Nicaragua. Los jesuitas denunciaron que la expropiación «es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense».
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