La Unión Europea (UE) prolongó este lunes las sanciones a 14 funcionarios sandinistas por un plazo de un año, las cuales vencerían hasta el 15 de octubre del 2022, según lo informaron a través de un comunicado.
Estas medidas estaban previstas a vencerse el próximo viernes 15 de octubre, pero la UE informó que extenderían el plazo para los 14 funcionarios nicaragüenses que mantiene sancionados por ser “responsables de violaciones o abusos de derechos humanos”.
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De esta forma, quedan renovadas las sanciones contra los comisionados Francisco Díaz, Ramón Avellán, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas; la asesora presidencial para temas de salud, Sonia Castro y el asesor presidencial Néstor Moncada Lau.
También quedaron renovadas la sanciones para la vicepresidenta Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos; Ana Julia Guido, fiscal general; Bayardo Arce, asesor económico del gobierno; Iván Acosta, ministro de Hacienda; y el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes.
Las sanciones son directas para funcionarios
El régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social del país. La UE aclaró que estas medidas “se dirigen a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”.
La UE explicó que estas sanciones están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía del país. “Los que figuran en la lista de la UE están sujetos a una congelación de activos, y las personas y entidades de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición” y agregaron que dichos funcionarios también están sujetos a una prohibición de viajar a la UE.
En una declaración del 10 de junio de 2021, la UE insistió en la restauración del diálogo inclusivo y la democracia como única salida a la crisis política, económica y social en Nicaragua.
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De igual forma, pide a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a la represión contra la oposición política, los medios de comunicación críticos a Daniel Ortega, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y garanticen plenamente el respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en el país.
Sin embargo, el líder sandinista desoye estos llamamientos y hasta ahora se ha dedicado a dirigir diversos ataques a la comunidad internacional por considerarla “injerencista”, ante las muestras de acercamiento para solucionar la crisis que vive Nicaragua desde el 2018, que dejó un saldo de más de 320 muertes según información recopilada por organismos de derechos humanos internacionales.
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