El diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, no cree que el régimen Ortega-Murillo implemente una «Ley de Amnistía» para los más de 190 opositores que guardan prisión en las diferentes cárceles de Nicaragua.
Gutiérrez indicó que la amnistía está fijada para un tiempo determinado y que la última aprobada únicamente corresponde a los supuestos delitos cometidos dentro del territorio nacional entre el 18 abril del 2018 y el 10 de junio del año 2019.
«En ese espacio de tiempo, todos esos delitos políticos y comunes conexos que se dieron en los acontecimientos desgraciados que tenemos nosotros en nuestra mente (…) fueron beneficiados por la amnistía», dijo el funcionario sandinista en una entrevista con Canal 4, propiedad de la familia Ortega Murillo.
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El parlamentario añadió que «no existe amnistía eterna» y que «si hay una de las características que tiene cualquier amnistía es que es de carácter espacial y de carácter temporal». «De carácter espacial se aplica para los delitos cometidos en un determinado territorio (…) y desde el punto de vista temporal, es que la amnistía tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización», indicó el parlamentario.
«La amnistía es general, prácticamente la amnistía no tiene nombre y apellido, la amnistía va para todos aquellos que han participado en un determinado conflicto, en un punto de vista espacial o territorial, o sea en el territorio nacional y en un determinado periodo de tiempo, un conflicto que va desde una fecha A, hasta una fecha B», dijo Gutiérrez.
Justificó nuevos encarcelamientos
El diputado sandinista justificó el encarcelamiento de los líderes opositores y sacerdotes en Nicaragua bajo el argumento del artículo número 3 de la Ley de Amnistía, el cual establece que «las personas beneficiadas por la presente ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia (quebrantamiento) del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley».
«Esta gente creyeron (los líderes opositores) que esta amnistía era una más del taller Cajina y que ellos podían seguir en su mismo sainete. Desde el 18 de abril del 18 hasta el 10 de junio del 2019 que cubre la amnistía, después de esa fecha, ellos siguieron cometiendo diferentes delitos», dijo Gutiérrez.
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Ley de Amnistía “inconstitucional” desde su inicio
En el 2019, el grupo de abogados Defensores del Pueblo introdujeron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley de Amnistía, por ser «lesiva a las pretensiones de justicia» de la ciudadanía nicaragüense.
El abogado Julio Montenegroo explicó en ese momento que la Ley de Amnistía favorecía la impunidad de quienes cometieron crímenes en contra de la población, tal fue el caso de la estudiante de medicina de origen brasileño Reyneia Gabriell Lima.
«Una persona admitió que cometió el ilícito, andaba con un arma de guerra, ultimó a esta persona, tenía todas las condiciones para que se estimara que era un asesinato y sin embargo, a pesar que esta persona (paramilitar) dijo que estaba realizando una labor común se le atribuyó como que era un hecho político y se le aministió», dijo Montenegro.
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Para el abogado José Antonio López, la Ley de Amnistía violenta el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua.
El abogado añadió que «si Nicaragua firma el Tratado Internacional contra la Tortura y es ratificado, Nicaragua es un Estado parte, por lo tanto la Ley de Amnistía está chocando con eso y con la Constitución».
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