El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles 19 de julio sanciones contra trece operadores del régimen de Daniel Ortega por contribuir al deterioro de la democracia en Nicaragua.
Las penalidades llegan en la fecha que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización liderada por el dictador nicaragüense, conmemora el 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.
«Las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada», indica el documento.
Sancionados de Nicaragua
El gobierno estadounidense agrega que «este informe incluye a las personas que se ha determinado que participaron en la actividad relevante en base a información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes».
Estas son las razones presentadas por Estados Unidos:
Wendy Carolina Morales Urbina, la procuradora general de Nicaragua socavó los procesos o las instituciones democráticas, utilizando la entidad para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
Arling Patricia Alonso Gómez , la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
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Gladis de los Ángeles Báez, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
Loria Raquel Dixon Brautigam, la actual primera secretaria de la Asamblea Nacional socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Alejandro Mejía Ferreti, el actual tercer secretario de la Asamblea Nacional socavó los procesos y las instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Rosa Argentina Solís Dávila, la jueza de la Corte de Apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
Ángela Dávila Navarrete, jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
Sanciones en la UAF, SIBOIF, INSS y DNR
Denis Membreño Rivas, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin base legal alguna.
Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
Valeria Maritza Halleslevens Centeno, la directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR) socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
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Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
Marta Mayela Díaz Ortiz, el vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF) socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del Poder Judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal.
Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal.
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