Así se desmanteló en Nicaragua la lucha contra la corrupción

Durante toda su vida republicana, los gobiernos de Nicaragua han considerado al Estado como un botín al cual tienen derecho por haber sido seleccionados como gobernantes.

“La corrupción, la perversión en el uso del poder y el caudillismo” fueron, para el expresidente Enrique Bolaños Geyer, “los tres grandes vicios de nuestra cultura política y social”. Esto lo dijo en campaña, en octubre de 2001. Ya electo, se enfrentaría a uno de los principales escándalos de corrupción de la historia reciente de Nicaragua.

Se trata de un asunto constante el de la corrupción. El reporte de 2020 de Transparency Index posicionó a Nicaragua como el país con la mayor percepción de corrupción en Centroamérica, debajo solo de Venezuela y Haití en el continente. Con una puntuación en caída, de 25 a 22, en el conteo mundial Nicaragua ocupa el lugar 159 de la lista.

Nicaragua entre los países más corruptos de la región

La lucha que Bolaños emprendió dentro del Partido Liberal Constitucionalista, en medio del caso de “la huaca” de Arnoldo Alemán, fue una demostración de lo que un esfuerzo anti-corrupción puede lograr, pero también de todo el trabajo que hace falta para erradicar las problemáticas administrativas endémicas a la nación nicaragüense. El número 242 de Revista Envío calificó a esos esfuerzos como “una gran escuela”.

El escándalo de la huaca terminó con Alemán encarcelado en 2003. Quien se había convertido en uno de los hombres más adinerados del país a través del desvío y lavado del dinero público en una red ilícita construida por él y sus allegados, sucumbió al peso de una condena de 20 años por fraude de 1.3 millón de dólares y otros delitos en perjuicio del Estado.

En total, la corruptela de Alemán costó al Estado de Nicaragua varios millones, atrajo acusaciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos y Panamá, e involucró a varios personajes de la política local, como Byron Jerez, director general de ingresos en el gobierno de Alemán, ligado a trece casos de corrupción él mismo.

Si bien la relación entre el PLC y el FSLN públicamente es de enemistad, de confrontación política, lo cierto es que ambos partidos, principales fuerzas en la política del país luego de los acuerdos de paz y la disolución de la Unión Nacional Opositora, han pactado en el saqueo material del Estado y armoniosos los unos con los otros erosionaron las bases del proceso democrático para asegurar su ganancia personal.

Arnoldo Alemán ha sido uno de los presidentes más corruptos de Nicaragua, según Amnistía Internacional. Archivo NI

Este juego de influencias acabó dándole la ventaja al Frente Sandinista, que con la manipulación del umbral electoral recuperó el control del Estado tras las elecciones de 2006 y se erigió como la principal fuerza del país.

En vista a eso, ni Alemán ni Jerez cumplirían su condena. En 2009 serían sobreseídos los cargos por la Corte Suprema de Justicia, ya bajo control del Frente Sandinista, y Alemán vería en su libertad los frutos de sus pactos forjados a finales de la década del noventa cuando iba de entrada a la presidencia.

El Frente Sandinista tiene su propio historial de corrupción. Desde su ascenso al poder luego de la revolución que los puso en boca de todo el mundo como los libertadores de Nicaragua, el Frente Sandinista y sus dirigentes se engordaron de propiedades, bienes y espacios políticos, algunos de ellos confiscados en el proceso revolucionario.

El propio Daniel Ortega, jefe supremo del partido, salió beneficiado de la repartición de propiedades y empresas que dispusieron los altos mandos sandinistas en los últimos momentos de su gobierno, cuando se enfrentaban a un fracaso electoral a manos de Violeta Barrios de Chamorro y la UNO. Ese periodo, desde su derrota en febrero hasta la toma de posesión del 27 de abril de 1990, se conoce como “la piñata sandinista”.

“Cuando tenemos organismos del Estado que no cumplen su función y son permisivos, entonces, el tema de la corrupción se desborda” expone Agustín Jarquín Anaya, ex-Contralor general de la República. “La corrupción es un cáncer. Es causa importante de la pobreza. Es causa importante de que haya malos proyectos, de que sean más caros. La corrupción desestimula el buen comportamiento y es un pésimo ejemplo, sobre todo para los jóvenes” afirma Jarquín.

El resultado de tantas gestiones ensuciadas es notorio: el Diagnóstico de la corrupción en Nicaragua, elaborado con el apoyo del Fondo conjunto de donantes para la anticorrupción y publicado por la Organización de Estados Americanos en noviembre de 2009, señala que “durante dos siglos de vida republicana, (los gobiernos) han considerado al Estado como un botín al cual tienen derecho por haber sido seleccionados como gobernantes”.

El mismo reporte informa sobre grandes casos de corrupción en todos los gobiernos de la historia reciente de Nicaragua y sitúa el origen de esta tendencia en el comienzo mismo de la república, culpando a la inestabilidad y el conflicto constante entre las élites cuando no a una cultura política que se ha arraigado en la creencia de que el Estado es patrimonio de quien accede a él desde el gobierno.

Pero incluso teniendo de antecedentes a la piñata y a la huaca en la historia reciente del país, la construcción de un modelo familiar y corporativo por parte del presidente Daniel Ortega desde su retorno al poder en 2007, caracteriza todos los vicios de la cultura política nicaragüense.

Ortega, su familia y sus aliados, son dueños de múltiples empresas, notoriamente empresas de comunicación que apoyan a su gestión de cara al público, misma que ha perseguido al periodismo independiente.

Desde Confidencial, el periodista Octavio Enríquez habla de la “corrupción evolucionada de Ortega” y cita “la apropiación de los fondos venezolanos” y “las historias del saqueo del Seguro Social” como las últimas expresiones de esa visión del Estado como patrimonio ya discutida antes.

Ya no queda ningún Bolaños atacando a la corrupción desde el poder, ni ninguna estructura que heredase esa misión fuera de la sociedad civil, que por su propia naturaleza tiene serias desventajas. La corrupción y los pactos políticos, independientes de cualquier afinidad ideológica, consumieron la estructura de una república que nació de la promesa de una paz duradera cimentada en un Estado de derecho y el proceso democrático.

“Hemos aprendido que no puede luchar contra la corrupción un llanero solitario” concluía el equipo de Revista Envío en 2002, tras analizar los eventos alrededor del caso de la huaca de Alemán “Son necesarias leyes con voluntad política de aplicarlas y son necesarias instituciones, un tejido institucional”.

Sobre esfuerzos anti-corrupción, el excontralor Agustín Jarquín Anaya explica que “en Nicaragua tenemos buenas leyes” pero no “organismos que apliquen esas leyes, ni funcionarios que lo hagan”. “Lamentablemente carecemos de eso… Valores de probidad, valores de la verdad, y esta es una labor no solamente del Estado, sino también de las iglesias, de la academia, de las universidades, de los colegios, de las familias sobre todo”.

Jarquin Anaya, excontralor nicaragüense

Jarquín señala que ha habido personalidades con un desempeño de integridad en la historia reciente de Nicaragua. “La señora Chamorro es una referencia” dice. “Legisladores como doña Miriam Argüello: un diputado socialcristiano, Orlando Robleto Gallo; incluso sandinistas. Yo considero que, en este caso, Carlos Núñez Téllez, no obstante que yo discrepaba de sus ideas, era una persona proba, íntegra, así como su hermano”.

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