No es más que manipulación por el dolor del pueblo, el que Nayib Bukele quiera comparar la situación de Nicaragua con la de El Salvador, a menos que allá también se hayan cometido crímenes de lesa humanidad recientemente y en presencia de una fiscal ciega, sorda y muda; que los magistrados hayan dirigido más de mil juicios políticos, que tengan los períodos vencidos y que bailen «el comandante se queda».
Nadie defiende, ni discute el despido por corrupción a través del debido proceso y sus mecanismos legales. El debate aquí es, el cómo y el por qué utilizarlo; no quien, ni qué, ni para qué. Es decir, no se defiende a personas y sus intenciones (que solo él las conoce, y nosotros las sospechamos), se defiende a las formas constitucionales de proceder, y el cumplimiento de los márgenes que da la ley, que es de donde surgen las atribuciones, facultades y prohibiciones de todo servidor público (incluyendo al presidente), como medio de garantía del pueblo frente a la arbitrariedad de los poderosos gobernando, a como pasó el primero de Mayo, y en donde se abrió la puerta de algo que puede ser peor, tal como sucedió en los fusilamientos de los guardias somocistas nicaragüenses que muchos apoyaron, pasando por las ejecuciones extrajudiciales a la “delincuencia en el campo” (que también consentimos) , terminando por los hechos de abril y demás que bien conocemos y que se fueron dando poco a poco en Nicaragua, y que en El Salvador se dio el primer paso peligroso en el primer día del plenario de la Asamblea controlada por Bukele.
En este acto, no solo se influyó en la independencia de otro poder del Estado, sino que también se violentó la ley en la forma de proponer magistrados, sin agenda parlamentaria, sin comisiones constituidas, sin encausar puntualmente las razones de destitución y sin procesos previos promovidos por la fiscalía, donde al final quedaron: Dos de los magistrados electos, ex asesores legales de la Presidencia y de la Policía; otro comisionado de IAIP nombrado por Bukele y una que había sido magistrada cercana al partido Gana, aliada electoral del mandatario. Pese a la resolución de ineludible cumplimiento de la antigua Sala Constitucional.
MARVIN RECINOS / AFP
¿No se nos hace extraño que la comunidad internacional y los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos del mundo coincidan en cuestionar la violación al debido proceso, declive institucional e intromisión de poderes en el vecino país? Y al igual que en Nicaragua, no es solo asunto interno, porque los Estados modernos se comprometen a estándares democráticos mínimos de respeto de los Derechos Humanos, institucionalidad y Estado de Derecho como parte de una comunidad internacional, delegando parte de su soberanía al escrutinio extranjero, a través de compromisos y convenios bilaterales, y sistemas interamericanos (OEA) y universales (ONU) , donde incluso, limitan su libertad de iniciar una guerra sin permiso, a pesar de que quizás solo ellos hayan sido las víctimas del país en conflicto.
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Entiendo a quienes puedan sentir «justicia» por «limpiar la casa», pero esto no debe de confundirnos con venganza, destruyéndola al barrer, porque la gente elige para gobernar dentro de los márgenes legales, donde la voluntad popular manifestada en la función pública cumpla los requisitos de legalidad que es el aspecto impersonal (entre otros, los votos), y de legítima que es el aspecto personal (fundamento) acorde al cargo y naturaleza del deber ser del funcionario, y espíritu jurídico, político y progresista de la constitución que lo respalda. De lo contrario estaríamos frente a una evidente golpe de Estado a la Constitución misma, por faltar a sus valores auténticos, y principios o enrumbándonos a una dictadura como en el caso de Nicaragua.
Suecy Callejas, diputada del gobernante partido Nuevas Ideas, pronuncia un discurso durante la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, en San Salvador. Stanley ESTRADA / AFP
Espero que nuestro afán, no nos convierta en lo que repudiamos, porque entiendo que somos diferentes y las democracias administradas desde el poder no funcionan como instrumentos de venganza desmedida, sino como cauces por donde debemos de conducirnos y en donde quien tenga que rendir cuentas que lo haga, en el caso de los magistrados quitándoles la inmunidad y sentándolos en el banquillo de los acusados para enfrentar los procesos por las acciones de las que son actores o partícipes, que sustente una destitución justificada, o promulgando leyes que salgan de las entrañas de la justicia transicional o escrutinio de una comisión de la verdad, comisión especial o fiscalía independiente, que inicie procesos sin concesiones, capaces de encontrar justicia y verdad, sentar las bases para solucionar los conflictos, sanar heridas y restituir a las víctimas, para dar legalidad y legitimidad al proceso y así evitar la repetición, de lo contrario, desde ya volvamos a las monarquías, reyes y guillotinas en plaza púbica donde dependa la vida del procesado a la voluntad de los aplausos.
Nicaragua será democrática cuando, en lugar de defender personas, partidos e ideologías, defendamos institucionalidad, y Estado de Derecho. Cuando aprendamos que, la actividad pública no solo requiere de votos y “estrategias”, sino legalidad y legitimidad.
*El autor es especialista en Administración de Justicia y DHH con enfoque de Género. Ex funcionario Judicial nicaragüense
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